Nueva Directiva CSDDD: el reto de la diligencia debida en sostenibilidad para las empresas

La Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés) es una normativa clave que marcará un antes y un después en la responsabilidad empresarial dentro de la Unión Europea. Su objetivo es garantizar que las empresas contribuyan al desarrollo sostenible y a la transición hacia economías y sociedades más responsables. Para ello, establece que las empresas deben identificar, prevenir, mitigar y, en su caso, reparar los efectos adversos reales o potenciales que sus operaciones puedan tener sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

Aprobada en mayo de 2024, la directiva establece obligaciones específicas en materia de sostenibilidad y  responsabilidad corporativa. Se espera que la normativa entre en vigor en 2025 y que las empresas afectadas comiencen a aplicarla de manera progresiva en los años siguientes.

 

¿A cuántas empresas españolas afecta?

La CSDDD se aplicará de manera gradual a las compañías con más de 1.000 empleados y una facturación superior a 450 millones de euros. Aunque las pequeñas y medianas empresas (pymes) no están directamente obligadas por esta directiva, es probable que se vean afectadas indirectamente si forman parte de la cadena de suministro de empresas que sí están sujetas a la normativa.

En España, se estima que más de 5.500 empresas estarán obligadas a reportar información sobre sostenibilidad bajo la nueva Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD), que complementa a la CSDDD. A pesar de que no todas estas empresas estarán directamente sujetas a la CSDDD, muchas de ellas deberán cumplir con obligaciones similares en materia de sostenibilidad y diligencia debida.

Es fundamental que las empresas españolas, independientemente de su tamaño, se preparen para cumplir con las obligaciones de diligencia debida en sostenibilidad, ya que esto no solo asegurará el cumplimiento normativo, sino que también fortalecerá su reputación y competitividad en el mercado europeo.

 

¿Cómo afecta esta normativa a tu empresa?

Las empresas sujetas a la CSDDD deberán implementar un proceso de diligencia debida que incluya las siguientes etapas:

  1. Integrar la diligencia debida en las políticas y sistemas de gestión: Desarrollar políticas internas que reflejen el compromiso con la sostenibilidad y los derechos humanos.
  2. Identificar y evaluar los efectos adversos: Analizar las operaciones propias, las de sus filiales y las de sus socios comerciales para detectar posibles impactos negativos.
  3. Prevenir o mitigar los efectos potenciales: Establecer medidas para evitar o reducir al mínimo los impactos negativos identificados.
  4. Supervisar y evaluar la eficacia de las medidas: Realizar un seguimiento continuo para asegurar que las acciones implementadas sean efectivas.
  5. Comunicar: Informar de manera transparente sobre las políticas y acciones de diligencia debida adoptadas.
  6. Reparar: En caso de que se materialicen efectos adversos, tomar medidas para remediar y restaurar la situación.

Además, las empresas deberán establecer procedimientos para gestionar reclamaciones relacionadas con sus impactos, adoptar un plan de transición climática alineado con el Acuerdo de París y garantizar que las personas afectadas por incumplimientos tengan acceso a la justicia y a vías de recurso.

La entrada en vigor de la CSDDD supone un cambio significativo en la forma en que las empresas gestionan su impacto social y ambiental. A pesar de que puede representar un desafío en términos de adaptación y cumplimiento, es una gran oportunidad para que las entidades refuercen su compromiso con la sostenibilidad y se posicionen como actores clave en la construcción de un futuro más justo y responsable. La anticipación y preparación serán clave para garantizar una transición exitosa hacia este nuevo marco regulador.